Diario Córdoba. Rafael de la Haba 19/09/2012
La ausencia de inversión en Justicia, la sobrecarga de trabajo y los
recortes salariales, de derechos y de medios personales y humanos, entre otros
asuntos, han movilizado a los jueces y fiscales de toda España, que este
próximo viernes celebrarán reuniones por toda la geografía para expresar su
malestar por la situación, advertir al Ministerio de Justicia de que no
descartan paros parciales y huelgas si no se abre una vía de negociación que dé
respuesta a sus reivindicaciones, y acordar que, mientras tanto, cumplirán
estrictamente su horario "para compensar las inadmisibles carencias"
de la Administración de Justicia.
En Córdoba, según informó ayer el juez decano, José Carlos Romero Roa, hay
convocada una junta de jueces que tendrá sobre la mesa un manifiesto
consensuado a nivel nacional en el que "se hace patente el malestar de la
carrera judicial debido a la ausencia de voluntad política por la modernización
del sistema judicial". También los fiscales cordobeses, según confirmaron
algunos de ellos, mantendrán una reunión en la que se abordará la situación
actual y las medidas propuestas por las siete asociaciones de jueces y fiscales
españoles.
Más allá del debate que se genere en cada una de las reuniones, la comisión
interasociativa quiere que de ellas salga una sola voz, también en Córdoba, que
muestre el "malestar" de la carrera judicial por la "falta de
voluntad política" por impulsar "una justicia ágil y eficaz,
dotándola de los medios personales y materiales necesarios". Según su
análisis, la situación actual pasa por la ausencia de inversión en Justicia; la
descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia; la congelación
de plazas judiciales, fiscales y oposiciones; los recortes salariales y
estatutarios, y el control político de los órganos de gobierno del Poder
Judicial.
Así, jueces y fiscales acudirán a sus reuniones con la idea de reclamar
"pleno respeto" a la independencia del Consejo General del Poder
Judicial, con "abandono" de la reforma planteada que "atrofia su
capacidad constitucional de actuación"; el mantenimiento de un estatuto profesional
que no limite sus funciones ni sus derechos; el desarrollo de reformas
legislativas "que mitiguen el actual colapso judicial" y compensen
las dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de
Justicia, y la convocatoria de oposiciones para cubrir plazas de juez y fiscal
ya presupuestadas y que en anteriores procesos resultaron vacantes.
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